En una decisión tomada por la conferencia sobre el clima de la ONU en Bali, a partir de ahora los países con una gran extensión forestal verán compensados sus esfuerzos invertidos en conservación, mediante una dotación económica. Evidentemente esta decisión política es de suma importancia, y presenta fuertes ventajas y también posibles inconvenientes.
La primera ventaja es evidente: los bosques (sobre todo los bosques tropicales) albergan y fijan en los tejidos vegetales una cantidad enorme de carbono. La deforestación emite dióxido de carbono y sobre todo evita que este dióxido pueda ser fijado en las plantas como ocurre de forma natural, de modo que queda libre en la atmósfera, con el consiguiente efecto invernadero que tiene este gas. Tras Estados Unidos y China, los países que más afectan a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera son Brasil e Indochina Indonesia (por la deforestación de sus selvas tropicales).
La segunda ventaja (aunque quizá más importante que la primera) tiene que ver con todos los beneficios medioambientales que tiene el evitar una deforestación. Probablemente el beneficio de lucha contra el efecto invernadero sea un beneficio secundario, y el más importante sea el evitar la pérdida de hábitats y (directamente) de biodiversidad, un problema medioambiental cuyas nefastas consecuencias han sido y son mucho más palpables y graves a corto plazo que las del aceleramiento del cambio climático.
Los problemas que puede traer esto son de índole político y social. El principal que es que si el poseer hectáreas de selva supone un beneficio directo, posiblemente se cometerán muchas injusticias sobre los campesinos que no tienen escrituradas sus propiedades. Este tipo de cosas pasan continuamente con los pueblos indígenas frente a compañías petroleras o madereras, y siempre salen perdiendo los más débiles. Si, por ejemplo, según cálculos del Woods Hole Research Center, un propietario en la Amazonia pudiera percibir entre 10 y 15 dólares por hectárea, la lucha por tener una hectárea de selva que actualmente carece de ese valor económico, podría llevar a muchos pequeños propietarios a la desgracia. Como dice Frances Seymour (directora del Centro Internacional para la Investigación Forestal), "quién va a pagarles si quieren proteger sus bosques si no se les reconoce sus derechos de propiedad".
Esperemos que este tipo de decisiones políticas que mueven miles de millones de dólares redunden efectivamente en el bienestar de la humanidad y la conservación racional del medio ambiente.