Sólo Italia, Letonia y Lituania han introducido en sus respectivas legislaciones nacionales la nueva directiva europea sobre responsabilidad ambiental, que se basa en el principio de "quien contamina paga", y cuya entrada en vigor está prevista para el lunes 30 de abril.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas ha expresado a través de un comunicado su gran preocupación por el hecho de que sólo 3 Estados miembros han transpuesto hasta ahora este acto legislativo esencial. Dimas añade que si el resto de países no les siguen muy rápidamente, la Comisión tendrá que considerar iniciar acciones legales. A su juicio, la directiva sobre responsabilidad ambiental ayudará a prevenir los daños medioambientales y permitirá a los Gobiernos obtener una reparación por parte de los culpables en caso de perjuicio grave.
Los daños medioambientales contemplados en la norma incluyen los que afectan a los recursos hídricos, los hábitats naturales, los animales y las plantas, así como la contaminación del suelo que cause un daño importante a la salud humana. La directiva no tendrá ningún efecto retroactivo.
Los costes de prevención o de reparación de los daños causados tendrán que ser asumidos por las empresas que lleven a cabo actividades de riesgo, por ejemplo las que den lugar a vertidos de metales pesados al agua o a la atmósfera, las fábricas de productos químicos peligrosos, los vertederos y las instalaciones de incineración. Cuando los daños medioambientales afecten a varios Estados miembros, éstos tienen que cooperar a la hora de adoptar medidas de prevención o de reparación.
Por otro lado, las autoridades públicas deberán jugar un papel importante en este régimen de responsabilidades, ya que les corresponde vigilar que los operadores afectados adopten o financien las medidas de prevención o de reparación necesarias. Las ONG podrán pedir a las autoridades públicas que intervengan e incluso llevarlas ante los tribunales si no lo hacen.
La directiva no obliga a las empresas a asegurar los riesgos inherentes a sus posibles responsabilidades, y dice que son los Estados miembros los que deben promover la puesta a punto de instrumentos que aseguren este tipo de riesgos y animar a las empresas a recurrir a ellos. Tres años después de la aplicación de la directiva, la Comisión elaborará un informe sobre esta cuestión de los seguros y redactará otro más general en 2014.
Vía | Yahoo News