California está elaborando su propia etiqueta de medicamento genérico. Esta primera medida en el país, según sus promotores, quitará el poder de las grandes farmacéuticas y reducirá los costes de los medicamentos recetados para los californianos en todo el estado.
La nueva ley requiere que la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California cree asociaciones diseñadas para aumentar la competencia, reducir los precios y reducir la escasez de medicamentos genéricos recetados.
El problema de los precios
El que es el estado más poblado de Estados Unidos ha empezado a identificar ciertos medicamentos y desarrollar un plan para promover su fabricación y compra. La agencia buscará medicamentos que puedan producir los mayores ahorros de costes.
California cambiará todos los servicios de farmacia de Medi-Cal el próximo año de atención administrada a pago directo del estado, lo quetambién aumentará la capacidad del estado para negociar mejores precios de los medicamentos y restarle poder a las farmacéuticas. El proyecto de ley SB-852 también abre la puerta para que California fabrique sus propios medicamentos genéricos en el futuro.
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que representa a los fabricantes de medicamentos de marca, ha adoptado una posición neutral sobre el proyecto de ley: podría llevar años traer un nuevo producto genérico de California al mercado y no parece ser, aún, una competencia importante.
No está claro qué medicamentos fabricaría o adquiriría el estado, aunque se enfocaría en medicamentos que podrían producir los mayores ahorros de costos para el estado y los consumidores. Pero el proyecto de ley exige específicamente la producción de “al menos una forma de insulina, siempre que exista una vía viable para fabricar una forma de insulina más asequible a un precio que resulte en ahorros”. Tres compañías farmacéuticas importantes, Eli Lilly and Co., Sanofi y Novo Nordisk, han controlado durante mucho tiempo el lucrativo mercado de la insulina en los Estados Unidos.
Más allá de que estas políticas sean acertadas o no, lo cierto es que resulta perentorio un cambio de paradigma para evitar desigualdades demasiado amplias en términos de salud. Porque el coste de los medicamentos no solo depende de la dificultad en desarrollarlos.
Por ejemplo, tal y como advierte Javier Padilla en su libro ¿A quién vamos a dejar morir?, en Baltimore hay 20,2 años de diferencia en la esparanza de vida entre barrios distintos; en Glasgow hay 24 años de diferencia entre barrios que solo distan 12 kilómetros entre sí; en Cataluña los más ricos viven 12 años más que los más pobres:
Desde hace décadas, la explicación a estas desigualdades se ha articulado en torno al denominado modelo de determinantes sociales de salud, según el cual existen unos determinantes estructurales, tales como el sistema económico, el mercado de trabajo o las políticas de bienestar, que, condicionados por las relaciones de poder existentes en la sociedad y el por el lugar que cada uno ocupa en diferentes variables (clase social, género, edad, grupo étnico, localización geográfica), impactarán sobre los determinantes intermedios (condiciones laborales, ingresos, recursos habitacionales, trabajo doméstico y de cuidados, medio físico residencial) y conjuntamente con los factores de índole individual y la acción del sistema sanitario para determinar el estado de salud de las personas y las comunidades.
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